Orphans of the Mexican drug war: insights on a public health challenge

Resumen

Objetivo: Describir cómo el Gobierno de México y otros interesados directos perciben el tema de los niños huérfanos como consecuencia de la lucha contra el narcotráfico; determinar las iniciativas actuales que abordan este tema como un problema de salud pública y comparar estas iniciativas con los marcos internacionales con objeto de poder determinar las recomendaciones pertinentes.
Métodos: Se trata de un estudio de casos exploratorio y descriptivo que utilizó métodos cualitativos. Se llevaron a cabo entrevistas semiestructuradas con informantes clave a escalas federal, estatal y municipal del Gobierno de México, así como con organizaciones no gubernamentales y otras instituciones que colaboraban con los huérfanos. Los participantes fueron seleccionados mediante un muestreo intencionado de bola de nieve.
Resultados: No se encontró ninguna definición oficial de “huérfano”; ni existía entre los informantes clave una percepción compartida de lo que constituye ser un huérfano. Es importante que exista una definición oficial y colectiva porque modifica la cantidad de niños clasificados como tales entre la población examinada. Aunque la mayor parte de los entrevistados perciben que el número de niños huérfanos y vulnerables (NHV) ha aumentado en los seis últimos años, también reconocen que no existen datos fidedignos que lo demuestren. Creen que el aumento no se debe a la lucha contra el narcotráfico sino a una pérdida de la cohesión familiar. Los interesados directos recomiendan mejorar las políticas públicas que actualmente se consideran como las barreras más difíciles de superar, dada la incapacidad percibida para modificar las leyes existentes. Sin embargo, el Gobierno de México aprobó recientemente la Ley General de Víctimas, que aborda muchos de los retos señalados.
Conclusiones: En comparación con los marcos internacionales, existen tres asuntos principales en la situación actual de México: la coordinación entre y dentro de los distintos grupos de interesados directos; el énfasis en el empleo de soluciones comunitarias; y la implantación de programas preventivos. La Ley General de Víctimas ofrece una solución para dos de estos problemas